Introducción

Por pasiva

Puede interponerse contra cualquier persona natural o jurídica, de naturaleza privada o publica, por el daño ocasionado a un número plural de personas.

Caducidad

La demanda deberá promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo (art. 164.2.h, CPACA). Para el cómputo del término de caducidad en el medio de control de la pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo se contabiliza desde el momento en que se tuvo conocimiento del daño y no del hecho, omisión u operación administrativa. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 3ra, Subsec. C, Rad. núm. 18001-23-33-000-2013-00298-01(AG))

Sin embargo, este término tiene una excepción según el Consejo de Estado, y es cuando se demanda la reparación por hechos materia de delitos de lesa humanidad, máxime si lo que se persigue también es la reparación de bienes esenciales legítimos que también son de interés público (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 3ra, Subsec. B, Rad. núm. 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG)). En tales casos, el juez debe realizar un análisis del caso concreto y determinar si por las circunstancias especiales del asunto que se examina resulta menester establecer una regla de computo diferenciada de caducidad, pues están involucradas graves violaciones a derechos humanos.

Jurisdicción y Competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos que se origen de actuaciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas; en los demás casos, es competente la jurisdicción civil (art. 50, Ley 472/1998). En primera instancia, conocen los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante, a elección del demandante; en segunda instancia conoce la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia (art. 51, Ley 472/1998).

Contenido de la demanda

Según el caso, la demanda debe cumplir los requisitos establecidos en el Código General del Proceso o en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, según el caso y además cumplir con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 472 de 1998:

• • El nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder.

  • La identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de identidad y domicilio.

  • El estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado.

  • Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo.

  • La identificación del demandado.

  • La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo.

  • Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso.

Reglas sobre la inclusión de interesados

La regla general es que los interesados se sumen al grupo de personas que demandan desde el inicio del proceso. Sin embargo, la ley permite que se sumen en una instancia posterior atendiendo a cierta normas procesales.

• • Pueden incluirse en el proceso antes de la apertura de pruebas cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una o por varias acciones u omisiones mediante la presentación de un escrito en el cual se indique: su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo.

  • Pueden incluirse en el proceso dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia en el mismo caso anterior y cumpliendo con los mismos requisitos que en el caso anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.

De modo contrario, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y, en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia siempre y cuando lo haga dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda (que son10 días) (art. 56, Ley 472/1998).