• Ley 393 de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.

  • Especial atención al artículo 8°: La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. / Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda. / También procederá para el cumplimiento de normas con fuerza de Ley y Actos Administrativos, lo cual no excluirá el ejercicio de la acción popular para la reparación del derecho.

• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

  • Artículo 146: Toda persona podrá acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.

Pasamos ahora a la legitimación por activa y por pasiva de esta acción. Si tienen preguntas sobre el concepto de legitimación, recuerden que este tema lo tratamos con más detalle cuando revisamos la acción de tutela. Pueden dirigirse a este enlace.

Cualquier persona puede interponer una acción de cumplimiento (art. 4° Ley 393/97). Esto significa que incluso lo pueden hacer extranjeros, menores de 18 años y personas jurídicas. Adicionalmente, pueden hacerlo las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales y cualquier sevidor público que en el marco de sus funciones observe el incumplimiento de leyes o actos administrativos, especialmente los organismos autónomos y de control encargados de la difusión y protección de DDHH en Colombia (esto es, el Procurador General de la Nación, los Procuradores Delegados, Regionales y Provinciales, el Defensor del Pueblo y sus delegados, los Personeros Municipales, el Contralor General de la República, los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales).

No existen medidas cautelares para esta acción. Pero el artículo 15 de la Ley 393 de 1997 crea la figura del cumplimiento inmediato, según la cual el juez puede "ordenar el cumplimiento del deber omitido, prescindiendo de cualquier consideración formal, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave o inminente violación de un derecho por el incumplimiento del deber contenido en la Ley o Acto Administrativo, salvo que en el término de traslado el demandado haya hecho uso de su derecho a pedir pruebas"

La acción de cumplimiento debe contar con los siguientes requisitos (art. 10, Ley 393/97):

• 1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción.

  2. Enunciar y, si es posible, describir la norma que se considera incumplida. Si la es sobre un acto administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo. Si es sobre un acto administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia.

  3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento.

  4. Determinación de la autoridad o particular incumplido. "En caso de desconocer si existen otras autoridades responsables, hacerlo saber al juez para que este último se encargue de establecer a la autoridad o particular con función pública que al que debe exigirse el cumplimiento" (Esquemas de Derecho Procesal, p. 104).

  5. Demostración de haberle pedido directamente a la autoridad o particular el cumplimiento de la ley o el acto administrativo (demostración de renuencia). Se puede prescindir de este requisito cuando acreditarlo genere inminente peligro (art. 8.2, Ley 393/97).

  6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer.

  7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.

La solicitud puede ser presentada de forma verbal cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, sea menor de edad o se encuentre en situación de extrema urgencia.

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